Bogotá, septiembre de 2023

Cursaba noveno semestre de psicología y en medio de una clase, en la que la docente explicaba qué era autismo y su relación con la discapacidad, se generó un debate inesperado en torno a su argumento. Ella decía que, por criterios del diagnóstico, las personas con autismo eran agresivas, debían estudiar en lugares especiales y no tenían la posibilidad de trabajar.  Yo, que para ese momento, me encontraba comprometida con derribar los paradigmas que giraban en torno a la discapacidad, me sentí con la responsabilidad de contraargumentar. Su visión estaba centrada en el paradigma médico rehabilitador, ese donde la discapacidad se definía en términos de salud o enfermedad y las personas con discapacidad eran vistas como útiles a la sociedad solo si se rehabilitaban.

El debate concluyó, pero mi compromiso aumentó, pues me di cuenta que en la academia también se gestaban estos paradigmas que rotulaban a las personas según los criterios de un manual de diagnóstico.  Cada día tenía un firme propósito de convencer a las entidades de formación para el trabajo y a las empresas de brindar oportunidades de estudio y empleo a esta población, de acuerdo con sus competencias, habilidades e intereses. Me resultaba frustrante que las personas fueran rechazadas debido al desconocimiento y a los mitos que rodeaban su existencia. De hecho, recuerdo una frase que una amiga solía decir y que adopté para iniciar mis procesos de concientización “la discapacidad es conocimiento de pocos y mito de muchos”.

Hoy, 10 años después, con gran satisfacción puedo ver que esta frase se ha ido transformando. La discapacidad ha tenido una evolución conceptual y un cambio de paradigma, gracias a la implementación de acciones alineadas con el Modelo Social y el enfoque de derechos de la Convención Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y que fue adoptada por Colombia a través de la Ley 1346 de 2009. Este enfoque argumenta que las causas de la discapacidad son principalmente sociales y resultan de la relación entre las limitaciones individuales del sujeto y las barreras del entorno. En otras palabras, la sociedad desempeña un papel fundamental en promover y respaldar la participación de las personas con discapacidad.

A pesar de estos avances normativos, persisten desafíos significativos en la inclusión educativa y laboral de este grupo de la población. El informe «Jóvenes con Potencial GOYN 2023» identifica que, en el ámbito educativo, la falta de ajustes razonables limita el acceso y la participación de los y las jóvenes con discapacidad. Esto incluye la ausencia de intérpretes de lengua de señas colombiana, la carencia de plataformas virtuales accesibles, la necesidad de modelos de enseñanza y aprendizaje y la adaptación de entornos físicos.

En lo que respecta a la empleabilidad y la generación de ingresos, estos jóvenes buscan empleos integrales y dignos en entornos laborales inclusivos que ofrezcan ajustes razonables. Sin embargo, se enfrentan al desafío de que las empresas, por falta de conocimiento, dudan de sus competencias y se fijan más en su discapacidad, lo que dificulta el acceso a oportunidades laborales.

Ante esta situación, y reconociendo que en Colombia se han realizado diversas acciones para avanzar en este camino, me gustaría hablar sobre la alianza suscrita en el año 2022, entre el programa Pacto de Productividad y Global Opportunity Youth Network – GOYN Bogotá, donde se han llevado a cabo acciones en favor de la inclusión de jóvenes con discapacidad en procesos de formación y empleo en áreas del Sector TIC.

Esto se ha logrado a través del Fondo Quiero Ser Digital, una estrategia liderada por GOYN Bogotá, Fundación Corona y Corporación Inversor, en conjunto con otros aliados que se han vinculado en el proceso. Su principal objetivo es orientar y formar a los y las Jóvenes con Potencial, sobre las carreras digitales disponibles y las oportunidades laborales que estas ofrecen, brindándoles apoyo para acceder a ellas.

Entre las acciones destacadas, se incluye la transferencia de conocimientos y acompañamiento en la implementación de ajustes razonables a diversos operadores de formación, articulación con Cafam y el SENA para fortalecer las competencias de búsqueda de empleo y orientar a los estudiantes con discapacidad hacia una ruta de empleabilidad en el sector TIC.

Como resultado de estos esfuerzos, contamos con 15 personas de diferentes categorías de discapacidad, certificadas en programación y desarrollo web. El desafío continúa siendo la vinculación laboral; hasta el momento, 2 personas han encontrado trabajo.

Para algunos, este dato puede parecer pequeño; sin embargo, desde mi perspectiva como consultora del Programa Pacto de Productividad y como alguien comprometida con la inclusión de las personas con discapacidad, es un logro significativo en un sector que se encuentra en auge y donde la población estaba invisibilizada.

La invitación permanente es para que las empresas se asesoren, se preparen y den la oportunidad a más personas con discapacidad. Queremos que los números de personas con discapacidad trabajando aumenten, y lograr que la discapacidad sea un tema de conocimiento de muchos y mito de pocos, es lo que facilitará la creación de procesos de inclusión responsables y adaptados a las características y necesidades de esta población.

Consulta el Informe Jóvenes con Potencial GOYN 2023 aquí

Paola Mahecha – Consultora Programa Pacto de Productividad

Acerca del Programa Pacto de Productividad: El Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, es una alianza colombiana liderada por la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha y otras instituciones de carácter público y privado del país. A través del Programa Pacto de Productividad, se busca mejorar de manera efectiva, productiva y con calidad la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector empresarial. Asimismo, se busca generar y gestionar conocimiento sobre la inclusión laboral, tomando como referencia los principios establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Además, busca encadenar y articular los servicios relacionados con la inclusión laboral existentes, con el fin de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a un trabajo digno.